Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal cometido contra víctima menor de edad. Acusado que realiza repetidas conductas de tocamientos sexuales y felaciones, que impone sobre una hija menor de edad con la que convive, desde que la menor tiene cuatro años y hasta los diez años. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante. Valoración del testimonio de la víctima menor de edad y elementos externos de corroboración del relato efectuado por la víctima. Prueba pericial médica de la que se extrae que no existe base alguna para entender que los hechos expuestos por la testigo menor de edad obedezcan a un relato autosugestivo o ideado artificialmente y obedecen a una experiencia realmente vivenciada. Facultades del tribunal de apelación en orden a revisar la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de instancia. Conductas abusivas sexualmente repetidas y mantenidas durante varios años. Delito de abusos sexuales sobre menor de edad. Continuidad delictiva. Pluralidad de acciones realizadas por el sujeto activo en el marco de un mismo tipo delictivo o de semejante naturaleza. Indemnización en concepto de responsabilidad civil derivada del delito sexuales. Conceptos resarcibles.
Resumen: Reconoce esta sentencia la potestad de la administración para organizar sus puestos de trabajo y de clasificarlos de acuerdo con la necesidad de tutela del interés general. En este caso concreto existe prueba suficiente que acredita la motivación que ha llevado al Ayuntamiento demandado a que reclasificar el puesto de trabajo de técnico de turismo, especialmente en lo relativo al conocimiento de lenguas extranjeras.
Resumen: Se condena por incendio forestal causado por imprudencia grave por la quema de restos vegetales, ramas, maleza y matorral en condiciones meteorológicas no favorables, con un viento moderado de 16 kilómetros la hora, con una temperatura ambiental elevada de 23º grados centígrados y un porcentaje de humedad relativa del 54%. Condiciones que generaban una probabilidad media de un 26% de que una brasa, pavesa o pequeña fuente de calor pudiera inflamar el combustible fino muerto de la zona, sin contar el acusado con ayuda de nadie, ni adoptar mínimas precauciones y medidas de seguridad y sin haber recabado la preceptiva autorización administrativa. Si el acusado no comparece de forma voluntaria al juicio y se celebra el juicio en su ausencia, habiendo elementos suficientes para su enjuiciamiento, no cabe la lectura de su declaración sumarial para ser valorada como prueba de cargo. Requisitos de la prueba indiciaria. Alcance del control de la valoración probatoria realizada en la instancia que corresponde hacer al tribunal de apelación. Para la apreciación de la eximente completa de alteración psíquica no basta la existencia de un diagnóstico que aprecie una anomalía o alteración psíquica como elemento biopatológico, sino que a él debe añadirse la comprobación de que tal déficit impide al sujeto o le dificulta en mayor o menor medida la comprensión de la ilicitud de la conducta o bien la actuación conforme a esa comprensión.
Resumen: El juzgado De lo penal absuelve al acusado del delito de estafa. La representación procesal de la acusación particular interpone recurso de apelación solicitando que se dicte una sentencia condenatoria en los Términos interesados. La Audiencia provincial desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia aplicando la doctrina jurisprudencial y los artículos 790.2 y 792 de la ley de enjuiciamiento criminal.
Resumen: DIVORCIO. PENSIÓN ALIMENTICIA HIJA MENOR. CUANTÍA. INCREMENTO: IMPROCEDENTE. Por sentencia se fija a cargo del progenitor paterno, no custodio, el pago de una pensión alimenticia de 400€/mes en favor de su hija menor, pretendiendo la demandante se aumente esa cantidad hasta los 500 €/mes, junto con otros gastos adicionales del colegio, lo que es rechazado por el tribunal de alzada por entender que los factores de capacidad económica del alimentante y necesidades de la menor quedan equilibrados, ya que se ha fijado una pensión superior a la que correspondía al demandado en atención a sus ingresos, habida cuenta que los trastornos de salud que padece la hija, pero su capacidad ecónómica es la que consta, sin que se justificara la percepción de mayores ingresos, aparte de que la vivienda familiar queda en uso de madre e hija, mientras que el demandado, de 50 años, retorna al domicilio paterno, lo que evidencia su carencia de medios económicos.
Resumen: Confirma la sentencia absolutoria por los delitos de prevaricación administrativa objeto de acusación. Se interpone recurso de apelación contra sentencia absolutoria sin pedir la nulidad de la misma lo que impide, de inicio, su apreciación. En todo caso, el delito de prevaricación administrativa requiere que: a) se dicte una resolución arbitraria, que desborden la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, por autoridad o funcionario en asunto administrativo, ilegalidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; b) la resolución ocasione un resultado materialmente injusto; c) la resolución se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, consciente de que actúa contra el derecho ("a sabiendas de su injusticia") y d) la actuación sea intencionada, a sabiendas, es decir, que se adopte la resolución con pleno conocimiento de su injusticia. No es suficiente la mera ilegalidad, pues las normas administrativas prevén supuestos de nulidad controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa, actuando el derecho penal sólo en los casos más graves. El art. 405 CP. regula la modalidad específica de prevaricación consistente en nombramientos ilegales. De la prueba practicada no se acredita la concurrencia de los elementos integrantes del delito objeto de acusación.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a dos acusados como autores responsables de nueve delitos contra la Hacienda Pública, por defraudación en el Impuesto de Sociedades y en el IVA durante diversos ejercicios fiscales. Acusados que desarrollan una actividad empresarial lucrativa para cuya cobertura constituyen una fundación desde las que obtienen las ventajas legalmente previstas para las fundaciones sin ánimo de lucro, consiguiendo una reducción importante de las cuotas tributarias correspondientes tanto al Impuesto de Sociedades como en el IVA, en el que hacían aplicación de la exención prevista para las prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por las entidades y establecimientos de carácter social, cuando tales requisitos no se daban en las sociedades de los acusados, dedicadas a la residencias de tercera edad, por las que percibían las cuotas mensuales correspondientes a una actividad empresarial lucrativa. Defraudación del IVA. Liquidación de la cuota tributaria correspondiente al tipo de actividad realizada por las empresas de los acusados. Aplicación del IVA reducido del 4% correspondiente a los internos dependientes. Alegación defensiva que no se despliega hasta la fase de juicio oral, de modo que ni durante la instrucción sumarial ni en la fase intermedia fue cuestionada la liquidación de cuotas propuesta por la Administración Tributaria, lo que ha impedido hacer prueba sobre las residentes tributarios de facturar a una IVA reducido
Resumen: El juzgado de lo penal condena a ambos acusados como autores del delito de estafa a la pena de siete meses de prisión y al pago solidario de la responsabilidad civil. La representación procesal de los acusados interpone recurso de apelación alegando ambos infracción del principio de presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba e in dubio pro reo, indebida aplicación del artículo 248 del código penal y falta de aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6, y errónea determinación de la pena. Interesan la revocación de la sentencia y la Absolución. La audiencia Provincial desestima los recursos de apelación, ratifica enteramente la sentencia, ratifica la valoración probatoria concluyendo que no se ha menoscabado el derecho fundamental a la presunción de inocencia por concurrir prueba de cargo suficiente, incriminatoria, correctamente valorada, y tampoco se ha producido una dilación en la tramitación extraordinaria que justifique la apreciación de la atenuante. Y en orden a la individualización de la pena, se ha realizado con sujeción a los parámetros de los artículos 66 y siguientes del código penal, prácticamente se ha impuesto la pena mínima de siete meses.
Resumen: La acción ejercitada para que prospere se vincula con la prueba de los límites de la parcela. La protección registral de los titulares abarca a la titularidad del inmueble y la presunción de su posesión, pero no a los datos descriptivos como son la cabida o los linderos, por lo que el hecho de que tenga inscrita a su favor la parcela no significa que exista una presunción de que la cabida de la misma sea la que en su momento declaró, frente a la que inicialmente constituía la inscripción primera de la finca. La pretensión de inmisión en la propiedad respecto del registro de luz fijado en la pared no prospera porque se ubica en un espacio de retranqueo de la fachada de la bodega respecto del que la parte actora no acredita su titularidad. No existe tampoco prueba de que la linde fuese por donde fija la prueba pericial que traza una línea recta y pudo tener algún quiebro o desviación, frecuentes en propiedades rústicas de gran antigüedad. Por tanto no se acredita que exista invasión de la propiedad de la actora y lo mismo respecto del desagüe del canalón. Pero se estima la prescripción adquisitiva del derecho a desaguar el canalón. No aprecia prescripción adquisitiva en los conductos adosados a la pared del demandado, pues no consta su colocación en la fecha de construcción de la vivienda. Dichos conductos estarían inmiscuyéndose en la propiedad ajena y deben ser retirados.
Resumen: Considera la sentencia que las contradicciones apuntadas por el apelante sobre la declaración de la víctima, carecen de relevancia ya que se refieren a aspectos secundarios de la narración del suceso, al haber mantenido en todas sus declaraciones la misma versión sobre los hechos, sin que la declaración del acusado y de los testigos de la Defensa se haya considerado creible por el juzgador de instancia. Aunque la atenuante de alteración mental y el subtipo atenuado de menor entidad no fueron solicitados por la Defensa en su escrito de conclusiones por lo que se trata de cuestiones nuevas que no fueron planteadas en la instancia, señala la Sala que no procede acceder a tales pedimentos ya que, entre los diagnósticos que presenta el acusado de probable trastorno de personalidad y trastorno bipolar, no consta informe médico forense donde se valorase, en su caso, la incidencia que dichos trastornos hubieran podido tener en sus capacidades intelectivas y volitivas al cometer el delito, ni procede aplicar tampoco el subtipo atenuado de menor entidad, pues, tras el estudio de la jurisprudencia del TS que se cita y, según se desprende de los hechos probados, el arma utilizada no solo fue exhibida con intención intimidatoria sino que el acusado la colocó en el cuello de la víctima, lo que incrementó el peligro para su vida e integridad física,ya de por sí vulnerable por su visible y notoria discapacidad psíquica.
